Entre 2024 y 2025, jueces emitieron 193 resoluciones que permitieron la liberación o traslado irregular de personas vinculadas a delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y delincuencia organizada.
A pesar del esfuerzo coordinado de instituciones federales para combatir la delincuencia organizada, detener a generadores de violencia y reducir la incidencia delictiva en el país, un sector del Poder Judicial continúa otorgando beneficios procesales a favor de presuntos criminales.
De acuerdo con datos oficiales presentados por el Gabinete de Seguridad, entre 2024 y lo que va de 2025 se han emitido al menos 193 resoluciones judiciales que resultaron en 164 egresos por cambio de medida cautelar, 2 egresos definitivos y 27 traslados irregulares de personas privadas de la libertad, muchas de ellas vinculadas con delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.
En estos casos, los traslados a penales de menor seguridad se autorizaron incluso cuando las autoridades penitenciarias advirtieron que los internos requerían medidas específicas de resguardo.
Uno de los casos más cuestionados es el del juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Entre sus resoluciones destacan:
- El traslado de Gerardo Ponce Alanís, presunto líder del Cártel del Pacífico, a un penal estatal donde días después se hallaron armas, droga y dinero en efectivo.
- La liberación de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, y de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, señalado como operador del Cártel del Golfo.
- El auto de no vinculación a proceso a Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, vinculado al Cártel del Golfo.
También se identificó a los jueces Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, ambos del estado de Sonora, como los responsables de la mayoría de las resoluciones que han permitido a personas señaladas por delitos graves regresar a las calles.
De octubre de 2024 a abril de 2025, 26 personas presuntamente vinculadas a cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Los Zetas y Los Rojos fueron liberadas por decisión judicial, a pesar de estar relacionadas con secuestros, homicidios y delincuencia organizada.
Ejemplos alarmantes:
- José Alonso “N”, operador de “Los Chapitos”, liberado en febrero tras no ser vinculado a proceso.
- Nabor “N”, alias “El Camaleón”, jefe de plaza de la Familia Michoacana, absuelto tras un secuestro múltiple.
- Francisco Javier “N”, alias “M-60”, y Nicolás Armando “N”, del Cártel del Golfo, ambos absueltos recientemente pese a cargos por secuestro y crimen organizado.
La impunidad también se reflejó en procesos de extradición bloqueados: Oscar “N” y Miguel Ángel “N”, conocidos como “Z-42” y “Z-40” de Los Zetas, tuvieron sus procesos pospuestos en 54 y 79 ocasiones respectivamente por distintos jueces, a pesar de las órdenes emitidas por Estados Unidos.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que estas decisiones judiciales contradicen el enorme trabajo de campo que realizan diariamente las fuerzas de seguridad, muchas veces poniendo en riesgo sus vidas para cumplir con las detenciones. Mientras tanto, el Gobierno de México continúa con operativos relevantes, como el que permitió la captura de “Alfa 1” en Guanajuato, cuya detención contribuyó a reducir los homicidios diarios en ese estado en casi 50%.
