Las arbitrariedades que cometió el gobierno de Jeanine Áñez, como la promulgación del decreto 4078, el cual permitía el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y les eximía de responsabilidad penal por llevar a cabo represiones violentas, así como la corrupción en la que se vio envuelta su gestión, demostraron que durante los 12 meses que ejerció el poder (sin que nadie haya votado por ella) estuvieron marcados por los atropellos a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Luego de la detención de Jeanine Áñez por haber ayudado y fomentado el golpe de Estado en Bolivia en 2019, el cual derivó en la renuncia forzada de Evo Morales y las masacres de Sacaba y Senkata, la expresidenta de facto fue trasladada a una cárcel en La Paz y se le asignará uno de los 13 dormitorios comunes que tiene ese centro penitenciario.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que no se buscan solo cuatro meses de detención para Áñez y sus exministros, sino 30 años por los delitos cometidos.
La detención de miembros de la administración de la exmandataria autoproclamada representa un gran paso para la democracia del país, pues se enjuiciaría a los responsables de diversas atrocidades ocurridas durante 2019.
Cabe recordar que el gobierno de Áñez estuvo marcado, desde el principio, por atentar contra el carácter laico del Estado, pasando por una deficiente política exterior, diversos casos de corrupción durante plena pandemia, un duro conservadurismo y violaciones a los derechos humanos.
El expresidente Evo Morales ha pedido justicia para todas las personas que fueron reprimidas en las protestas que se desencadenaron tras su renuncia y ha mencionado que, como presidente del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), continuará exigiendo aclarar los sucesos ocurridos en 2019.
“Esclarecer el Golpe de Estado de noviembre de 2019, hecho doloroso que cuenta con testimonios y elementos jurídicos y constitucionales, no solo es defender la democracia en Bolivia sino también la de América Latina y del Caribe”, escribió en su cuenta de Twitter.
A pesar de que Áñez se ha victimizado y autodenominado «perseguida política”, la población boliviana y diversos funcionarios rechazan sus comentarios, especialmente debido a las masacres de Senkata y Sacaba que dejaron un saldo de 36 personas asesinadas, más de 800 heridos y mil 500 detenciones arbitrarias.
En este sentido, diversos funcionarios como Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, han aclarado que no se trata de venganza, sino justicia, pues los hechos ocurridos en 2019 demuestran que fue un golpe a la democracia del país.
Las arbitrariedades que cometió el gobierno de Jeanine Áñez, como la promulgación del decreto 4078, el cual permitía el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y les eximía de responsabilidad penal por llevar a cabo represiones violentas, así como la corrupción en la que se vio envuelta su gestión, demostraron que durante los 12 meses que ejerció el poder (sin que nadie haya votado por ella) estuvieron marcados por los atropellos a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
