La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, rechazaron de manera contundente la propuesta impulsada por legisladores republicanos en Estados Unidos para imponer un impuesto del 5% a las remesas que envían los migrantes a sus familias en México y América Latina.
Desde Palacio Nacional, en conferencia de prensa, Sheinbaum calificó esta medida como «inaceptable y profundamente discriminatoria», al señalar que se trata de un gravamen injusto que recaería sobre las personas que menos tienen y más aportan. La presidenta instó a la comunidad migrante mexicana a alzar la voz y enviar cartas a sus congresistas para frenar esta iniciativa que, además, viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994.
“Es un gravamen a los envíos de mexicanos, tengan papeles o no, que están en Estados Unidos. No estamos de acuerdo con este impuesto. Que cobren a los que más tienen, no a los que más trabajan”, declaró Sheinbaum.
Por su parte, el secretario Edgar Amador explicó que las remesas ya fueron gravadas en EE.UU. mediante el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros tributos. Aplicar un nuevo impuesto al transferir ese dinero a México constituiría una clara doble tributación, lo que está expresamente prohibido por el tratado binacional.
“Si se le pusiera este impuesto adicional, implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación buscan evitar que se dé un trato de inferioridad a los trabajadores extranjeros”, puntualizó.
El titular de Hacienda subrayó además que las remesas representan una fuente vital de ingreso para millones de familias mexicanas. En 2023, estos envíos alcanzaron los 64 mil 700 millones de dólares, lo que equivale al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Los estados que más reciben remesas son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, y los principales estados emisores en EE.UU. son California, Texas y Colorado.
En algunas entidades como Chiapas, Michoacán y Zacatecas, las remesas llegan a representar entre 11 y 16% del PIB estatal, y en muchas comunidades constituyen más del 20% del ingreso familiar, ayudando directamente a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida.
Desde el gobierno mexicano, la postura es clara: las remesas no deben ser castigadas ni vistas como negocio fiscal, sino respetadas como un acto de solidaridad y sacrificio de millones de migrantes que, pese a vivir lejos de su país, siguen sosteniendo a sus comunidades con esfuerzo y dignidad.
