En respuesta a las denuncias por pinchazos con jeringas, agujas u objetos punzocortantes en espacios públicos y transporte, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina presentaron una iniciativa para tipificar este tipo de agresiones como delito, con penas de hasta cinco años de cárcel y sanciones más severas en casos agravados.
La propuesta será discutida en el Congreso local y plantea reformar el Código Penal para castigar la llamada “administración subrepticia de sustancias”, es decir, cuando se suministran químicos sin consentimiento, ya sea por medio de bebidas, alimentos o vía intravenosa, dérmica o subcutánea. El objetivo es frenar una práctica que ha generado miedo e incertidumbre, especialmente entre mujeres y personas jóvenes que usan el Metro, Metrobús y espacios públicos de la capital.
Si se aprueba, la ley también contemplará agravantes que elevarían las penas hasta siete años y medio de prisión si las sustancias son psicoactivas, si comprometen la vida de la víctima o si el ataque ocurre en transporte público, eventos masivos o afecta a menores, personas con discapacidad o adultas mayores.
Entre enero y mayo de 2025, se han registrado 68 denuncias por pinchazos en la CDMX, la mayoría en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de las cuales 50 ocurrieron dentro de sus instalaciones. En algunos casos se han detectado sustancias —incluidos estupefacientes y medicamentos controlados— y al menos una persona ha sido vinculada a proceso.
Aunque no se ha identificado un patrón de secuestro o violencia sexual asociado a estos casos, en cuatro denuncias se reportó robo, lo que sugiere un posible vínculo con delitos patrimoniales.
En paralelo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) implementó un protocolo que contempla atención médica inmediata, entrevistas para determinar síntomas y traslados a hospitales especializados en toxicología, con apoyo del ERUM y el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).
La capital no está cruzada de brazos. Con esta iniciativa, el Gobierno de la CDMX pone sobre la mesa una respuesta legal y preventiva para proteger a quienes transitan la ciudad todos los días y frenar una forma de violencia que, hasta ahora, operaba en un vacío legal.
